Dos años del asesinato de Berta Cáceres, la activista indígena que se opuso al atropello de las hidroeléctricas

Berta Cáceres. /COPINH

Hoy se conmemora el triste aniversario de la muerte de Berta Cáceres, la ecologista hondureña que fue asesinada a tiros, tras años de persecución política, por combatir la dictadura desde que se opuso al golpe de estado en Honduras el año 2009. En 2016, Cáceres engrosaba la lista de más de 100 activistas hondureños asesinados por su lucha contra empresas trasnacionales, grupos de poder e intereses partidistas.

Pero su desaparición no ha impedido que siga siendo la cara más visible de las decenas de personas, activistas, que han perdido la vida por defender su tierra y los recursos naturales, enfrentándose a poderosas corporaciones. El asesinato de la hondureña Berta Cáceres es un lamentable ejemplo de las prácticas de amenaza y violencia que utilizan impunemente para contrarrestar a los que defienden sus territorios y recursos en la zona.

Cáceres lideró la lucha que se enfrentó a la empresa china Sinohydro, que junto a la local DESA pretendía llevar a cabo el proyecto hidroeléctrico de Agua Zarca. La activista consiguió que, pese a tratarse de una de las constructoras hidroeléctricas más grandes del mundo, se retirara del proyecto para construir la presa en el cauce del río Gualcarque, sagrado para los lenca. En reconocimiento a su lucha por los derechos del pueblo indígena lenca, obtuvo el premio Goldman 2015, tambíén conocido como el Nobel verde, y se convirtió en una de las fundadoras del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH).

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El conflicto dio lugar a amenazas e intimidaciones, que culminaron en que el 3 de marzo de 2016, Berta Cáceres fuera asesinada en su propia casa. Solo nueve días después, también mataron a Nelson García, uno de sus compañeros de la COPINH, mientras ayudaba a algunas de las familias desalojadas a trasladarse. La respuesta ciudadana global después de su muerte ha conseguido que los tres principales inversores de Agua Zarca han suspendido su financiación.

El proyecto violaba el derecho de los pueblos indígenas a la consulta previa, libre e informada conforme al convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo que fue ratificado por Honduras en 1995. Por eso, Olivia Zúniga, diputada por el departamento de Intibucá, e hija de Berta Cáceres, ha presentado la propuesta de Ley “Berta Cáceres”, una iniciativa para que vía decreto legislativo, la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente de Honduras (SERNA), anule los contratos otorgados para la explotación hidroeléctrica por un plazo de 50 años.

Dos años después de su trágica muerte, no se ha resuelto el caso y sus responsables no han rendido cuentas ante la justicia. Para Amnistía Internacional, el hecho de que las autoridades hondureñas no hayan identificado a quienes ordenaron el brutal asesinato pone en grave riesgo a cientos de defensores y defensoras de los derechos humanos. Se sabe que entre los autores intelectuales se esconden poderes políticos y económicos que encubren la verdad.

Beatriz de Vera

Esta noticia ha sido publicada originalmente en N+1, ciencia que suma

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