El plan de Uber para que sus choferes dejen de ser perseguidos en Colombia

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La llegada de Uber a distintos países ha significado tanto oportunidades como desafíos y Colombia es sinónimo de reto para ellos. Los marcos legales del país, que califican a la compañía como ‘pirata’, y las constantes disputas con el gremio de taxistas han hecho que la empresa le proponga al gobierno ciertas medidas para obtener su legalización.

Uber inició su recorrido por las calles colombianas en 2013 y hasta hoy ha no conseguido hacer legal su servicio y tiene como principal contendores al gremio de taxistas y al propio gobierno. De hecho, sus conductores son perseguidos por el Ministerio de Transporte y la policía, quienes pueden sancionar a los colaboradores de la empresa cancelándoles la licencia de conducir por 25 años.

 

Uber ilegal

Seis años de disputas no han resignado a la compañía. Luis López, vocero de Uber, en una reciente entrevista para El Tiempo, comentó cuál era la percepción de la empresa sobre la situación que atraviesan en el país.

El gobierno colombiano considera a Uber como ilegal, pero aun así ha pagado impuestos. Según López, en la segunda mitad del 2018 se pagó más de 35 mil millones de pesos. “¿Cómo es posible que una plataforma que recolecta IVA y se lo entrega al gobierno por una actividad que presta un socio conductor no se considere legal?", reclama el vocero.

Esto demuestra lo difícil que es ponerse de acuerdo con las autoridades. Durante el gobierno de Santos, la empresa fue calificada como una plataforma ilegal, ya que creen que se presta un servicio de transporte público en un carro particular. Ahora con el gobierno de Duque podrían cambiar las cosas y Uber ha establecido la necesidad de sentarse a dialogar para pactar ciertas condiciones y propuestas.

 

Las propuestas

Lo primero que se debe establecer es qué tipo de servicio presta Uber. La compañía estaría en la categoría de ‘Empresas de Red de Transporte (ERT)’: no se encarga de movilizar clientes, sino ser el intermediario entre estos y los conductores.

Por lo tanto, su condición sería la de una compañía privada, contrario a lo que considera el gobierno, pues lo ven como una empresa prestadora de transporte. “Desde el dispositivo en el que se pide y se realiza el servicio, hasta el carro y las condiciones que se negocian hacen de Uber un servicio privado”, expresa López.

Otra idea destacable es la creación de un fondo útil para el Estado. Un porcentaje de los recursos obtenidos de los viajes sería destinado al Estado para compensar el uso de la calle. El porcentaje que podría ser 1% o menos le serviría al gobierno para hacer innovaciones en el sistema de transporte público.

Además, López recalcó que estas propuestas también beneficiarían a los taxistas con quienes hoy mantienen dispuestas. Aunque este no es el único país donde la empresa no fue bien recibida, los taxistas de México compiten contra Uber con la aplicación Nekso. Con todas estas trabas para estos formatos elementales, iniciativas el taxicóptero de Uber se ven cada vez más lejanas. 

 

Adrian Díaz

Esta noticia ha sido publicada originalmente en N+1, tecnología que suma


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